La ONU señala como culpables a Ruanda y Uganda, y pide abrir un proceso.Tras verse forzada a retrasar varias semanas su publicación, Naciones Unidas sacó a la luz ayer la versión final de su informe sobre las atrocidades cometidas contra civiles hutus en la República Democrática de Congo (RDC) entre marzo de 1993 y junio de 2003. En el documento, el organismo afirma que existen indicios de genocidio y señala como culpables a fuerzas combatientes de Ruanda y Uganda. Estos dos países calificaron ayer de error el informe, mientras las autoridades de Congo exigieron que se haga justicia.
En el esperado documento, que se apoya en 1.280 testigos y 1.500 documentos, la ONU recomienda a la comunidad internacional que intente procesar a los responsables de estos crímenes. Aunque el documento sirve de base para abrir un proceso, solo un tribunal competente puede tipificar el delito de genocidio, uno de los crímenes más difíciles de demostrar. La República Democrática de Congo ha intentado, sin éxito, que se cree un tribunal internacional específico para juzgar aquellos hechos. En la actualidad, el foro permanente para juzgar el genocidio es el Tribunal Penal Internacional (TPI), en La Haya.
El informe publicado ayer cita 617 incidentes graves en el que decenas de miles de personas perdieron la vida a manos de las fuerzas combatientes durante esa década, en la que se produjeron dos sangrientas invasiones ruandesas de Congo. También habla de asaltos sexuales, mutilaciones y otros crímenes que son una violación de los derechos humanos.
"Muchos de los ataques fueron dirigidos contra civiles no combatientes, principalmente mujeres y niños", denuncia el informe de 550 páginas. También se estima que 30.000 niños fueron reclutados o utilizados por las fuerzas armadas y grupos combatientes durante los años del conflicto. La investigación arrancó en 2005, dos años después de que el acuerdo de paz en la RDC hubiera entrado en vigor, tras el descubrimiento de tres fosas comunes.
La ONU no acepta la versión de los hechos de Ruanda y Uganda, que justifican el envío de tropas hacia el este de Congo para perseguir a los responsables de la matanza de cerca de 800.000 tutsis y hutus moderados en 1994. Las acusaciones del informe publicado ayer suponen un varapalo para el Gobierno del presidente ruandés, el tutsi Paul Kagame, en el poder desde 2000 y que se atribuye la pacificación de su país.
El documento publicado ayer es menos duro que un borrador que circuló en agosto y que enfureció a Ruanda y Uganda. A pesar de que la ONU recurre, en la versión definitiva, a un lenguaje que hace menos fácil un procesamiento por genocidio ante los tribunales, el Gobierno ruandés, a través de su ministra de Exterior, Louise Mushikiwado, calificó ayer el documento de "defectuoso y peligroso" y cree que puede ser el detonante de una nueva oleada de inestabilidad en la región.
Desde la parte ugandesa, que también estuvo involucrada en algunos incidentes, se calificó ayer la investigación de "basura". Ambos países insisten en los esfuerzos que están haciendo para preservar la estabilidad en África, con miles de cascos azules en Chad, Liberia, Sudán y Somalia. Demostrar un genocidio no es fácil y la justicia lo ha catalogado en contadas ocasiones. La primera fue en los juicios de Núremberg, que procesaron a la cúpula nazi. En 2007, el TPI calificó así la matanza de 8.000 varones musulmanes en Srebrenica.
Fuente: Sandro Pozzi desde Nueva York para El País 02.10.2010
